Una auditoría reciente reveló que el centro médico realizaba prácticas médicas que nunca se concretaban y sobreprescribía medicamentos cuyo destino final se desconoce. Estas maniobras llevaron a que los pacientes de PAMI agotaran sus prestaciones y recetas disponibles para el mes, en un contexto de ajuste estructural que está dejando a muchos jubilados sin acceso a medicamentos esenciales.

El escándalo ya cobró su primera víctima: Martín Fernández González, un funcionario cercano a Ricardo Bussi que había asumido la dirección del PAMI en Tucumán en mayo de este año, fue apartado de su cargo. Previamente, Mariano Usandivaras, también vinculado a Fuerza Republicana, había renunciado al mismo puesto en abril, apenas dos meses después de asumir.

Lo más preocupante es que, tras ordenar las auditorías, dirigentes bussistas habrían intentado ocultar los resultados. Según fuentes consultadas por LPO, tanto estos dirigentes como sindicatos relacionados con el centro médico habrían ejercido presión para evitar que los informes, que señalan irregularidades en Sanarte, se hagan públicos.

La situación genera gran inquietud entre los prestadores privados, quienes temen que, en un intento por mitigar el impacto del escándalo, el gobierno nacional decida suspender los pagos a todo el sector.